Hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer un interesante artículo publicado en la Revista SEMERGEN. Sus autores; Ayala, A., Pujol, R., & Abellán, A, sintetizaban una investigación realizada en España en la se estudió la prevalencia de personas mayores que por distintas causas (especialmente por discapacidad), se encontraban confinadas en sus hogares. (Estudio no relacionado con la pandemia de SARS Cov-2).
En este enlace lo podéis leer:: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1138359318303095?casa_token=94cnvICcoYUAAAAA:jMQ2ZOTN9F3CMlzClMl-XYbauMWgOVWAaUCOzPbtcUn7cMH70WyNyxbKVWJOziLru8UARKETVg
Tal y como se apunta en la investigación, existe un preocupante desconocimiento del número real de personas mayores confinadas en sus sus domicilios y la naturaleza de sus patologías limitantes. La escasa visibilidad social de este grupo poblacional, ha condicionado el número de investigaciones e imposibilitado el consenso para definir de manera clara y estandarizada el concepto de persona confinada.
Una investigación compleja en la que fue necesario utilizar las bases de datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística del año 2008, específicamente la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia pues esta, conceptualiza la discapacidad atendiendo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS.
Dado el proceso selectivo aplicado, los investigadores consideran que la muestra es suficientemente representativa (ver informe de base), pues identificaron a las personas mayores de 65 años que declaran algún tipo de limitación funcional o discapacidad y excluyeron a aquellas que se encuentran institucionalizadas (residencias, hospitales geriátricos y alojamientos colectivos).
A la muestra resultante les pasó un segunda encuesta en la que se solicitó información relativa a su discapacidad, salud y entorno vivencial.
Los datos arrojados por la investigación son significativos, del total de 2.146.362 de personas mayores con algún grado de discapacidad, el 8,1% se encuentra confinada en sus domicilios en modo estricto , y el 16,0% en grado de semiconfinamiento.
Se destaca la prevalencia de mujeres confinadas.
Las características sociales de las personas mayores confinadas (un 24,1%), indican situaciones de vulnerabilidad que precisan la asistencia de los servicios sociosanitarios.
Otro dato relevante es que el confinamiento se incrementa con la edad, uno de los factores asociados junto con el género (las mujeres lo estan en un mayor porcentaje), la viudez, el nivel de estudios y otros de carácter socioeconómico.
Las autoras/res precisan que aunque no entran con profundidad en otras asociaciones y relaciones causales del confinamiento, si dibujan un perfil de este, describiendo grados, estados de salud y funcionamiento de las personas confinadas.
El confinamiento no responde exclusivamente a la presencia de problemas osteoarticulares limitantes del movimiento, los datos indican otro tipo de factores especialmente relevantes como; la existencia de barreras arquitectónicas, los problemas cognitivos y las secuelas de graves patologías no relacionadas con la discapacidad física.
Las/os autores del informe aconsejan fortalecer la red atencional familiar, entienden que junto con la intervención de los servicios públicos mejoraran la atención y los cuidados. Lo anterior no es óbice para que se trabaje por la eliminación de las barreras arquitectónicas bien en el propio domicilio, o las existentes en la mayoría de las ciudades.
Atendiendo a lo anterior, la estrategia auspiciada por la OMS en el año 2010 busca la conformación de ciudades amigables con las personas mayores, trabajar en aquellos aspectos limitantes que condicionan la vida diaria de los mayores en las urbes. Para lograr los objetivos es imprescindible el compromiso y participación intergeneracional de todos los ciudadanos. La conversión de nuestras ciudades en urbes accesibles y respetuosas con las distintas diversidades funcionales, requiere no solo de la participación de las administraciones publicas, también de los colectivos ciudadanos comprometidos con la promoción de un envejecimiento activo y saludable.
Pero es cierto, la convivencia intergeneracional paradójicamente invisibiliza la problemática pues, al ser el entorno familiar un facilitador de las actividades de la vida diaria, oculta la dependencia ante las administraciones y ello, relaja el desarrollo de las acciones públicas en pro de la inclusión social.
Esta falta de apoyo institucional (por no existir o por la complejidad de acceso dados sus tediosos tramites y requisitos), incrementa la proliferación de servicios privados de cuidados además de un mayor indice de institucionalización de la persona mayor.
Desgraciadamente las autoras/res no son optimistas, se espera un agravamiento del confinamiento por el significativo incremento de personas envejecidas en España, ello unido a las discapacidades derivadas por la edad, y otros elementos de carácter socioeconómico (en otro post abordaré este asunto), requieren del diseño de planes de salud con intervenciones públicas específicas, ello contribuirá a la mejora de la situación de estas personas.
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