Al implementar acciones destinadas a fomentar la participación social de las personas mayores, a menudo centramos todo nuestro interés en el desarrollo de las actividades en sí mismas. Asumimos que la mera ejecución de estas actividades -en el tiempo y la forma previstos- generará los efectos beneficiosos deseados, convirtiéndose así en el núcleo central del programa y en el objeto de rendición de cuentas ante terceros.
Sin embargo, este enfoque puede llevar a un error grave: algunos proyectos se estructuran como bloques monolíticos, incapaces de adaptarse a las limitaciones e intereses emergentes no descubiertos durante la fase de diseño. Este defecto puede obstaculizar la participación de personas que, a pesar de su deseo de involucrarse, no se sienten suficientemente capacitadas o motivadas.
En 2012, durante la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, que coincidió con el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Intergeneracionalidad, se introdujo el Índice de Envejecimiento Activo (IEA). Esta iniciativa está compuesta por una serie de indicadores destinados a respaldar el desarrollo de políticas públicas orientadas a mantener la integración social y asegurar la continuidad de los aportes económicos y valores de las personas mayores.
El IEA se basa en cuatro dimensiones:
- Empleo.
- Participación social.
- Modo de vida autónomo, independiente y seguro.
- Capacidad para un envejecimiento saludable.
Estas dimensiones se evalúan a través de 22 indicadores objetivos, cada uno con un peso específico (Consejo Estatal de Personas Mayores, 2017).
El IEA amplía la definición de envejecimiento saludable establecida por la OMS en 2002. Este nuevo concepto se describe como:
“El envejecimiento activo se refiere a la situación en la que las personas continúan participando en el mercado laboral, así como en otras actividades productivas no remuneradas (como el cuidado de familiares y el voluntariado), y viven vidas saludables, independientes y seguras a medida que envejecen” (OMS, 2002).
Este concepto refuerza la Resolución 46/91 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que presenta cinco principios fundamentales a favor de las personas mayores:
- Independencia.
- Dignidad.
- Autorrealización.
- Cuidado.
- Participación.
Estos principios están sustentados en tres ejes esenciales: salud, participación y seguridad.
De esto se desprende que la participación social de las personas mayores es un derecho que abarca tanto esferas individuales como colectivas, independientemente del grado de implicación y participación. Nuestras iniciativas deben, por tanto, aspirar a incrementar el autoconcepto, la percepción de utilidad, la autoeficacia y el bienestar general. Esto solo es posible si adoptamos un enfoque paradigmático sociocrítico, reflexivo y atento a los intereses y necesidades del colectivo.
Solo atendiendo a estas consideraciones garantizaremos el derecho a la participación social, abordando todos los aspectos relacionados con los entornos y las limitaciones personales que pueden desmotivar o excluir a un importante número de personas mayores. Articular actividades flexibles y adaptadas, que faciliten la autonomía y la participación en el grado que se desee, es, en definitiva, una forma de promover un envejecimiento activo y saludable.
Bibliografía:
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