Ceuta: cuando la inmigración se convierte en instrumento de polarización

Una mirada desde la Educación Social a una crisis que habla de fronteras, pero también de menores, convivencia, desigualdad y sostenibilidad social.

Lo que está ocurriendo en Ceuta vuelve a situarnos ante una realidad que Europa conoce desde hace años y que, sin embargo, parece sorprendernos cada vez que adquiere una dimensión suficiente para ocupar las portadas. La presión migratoria sobre una ciudad pequeña y situada en una frontera especialmente compleja genera dificultades que sería irresponsable minimizar. Los recursos de acogida y protección tienen límites, los profesionales necesitan medios para desarrollar su trabajo y la población tiene derecho a exigir que las instituciones sean capaces de gestionar una situación que afecta directamente a su vida cotidiana. Reconocer todo esto no significa aceptar los discursos que presentan la inmigración como una amenaza. Significa comenzar por admitir que existe un problema que necesita respuestas.

Pero junto a la crisis migratoria aparece otra cuestión que me preocupa especialmente: nuestra creciente incapacidad para hablar de inmigración sin convertirla inmediatamente en un territorio de enfrentamiento político. Cuando aumenta la presión sobre una frontera, las personas tardan muy poco en desaparecer detrás de las palabras. Invasión, amenaza, expulsión, efecto llamada, solidaridad, racismo, seguridad, derechos humanos. Cada término parece situarnos inmediatamente en un lugar determinado y cada posición parece exigir que aceptemos un relato completo sobre lo que está ocurriendo.

Hace algún tiempo, escribiendo sobre los menores extranjeros que había conocido durante mi trayectoria profesional, señalé que el miedo se había convertido en bandera y argumento. Me preocupaba entonces, y continúa preocupándome ahora, nuestra facilidad para transformar a una persona en una categoría y discutir después sobre esa categoría olvidándonos de la persona que existe detrás. El lenguaje resulta imprescindible para comprender y organizar la realidad, pero también puede servir para simplificarla hasta hacerla irreconocible.

Lo he comprobado trabajando en contextos de protección. Cuando un adolescente entra en un centro deja de ser durante unas horas la cifra que aparece en una estadística. Tiene un nombre, una edad, una historia, unas expectativas y una determinada manera de relacionarse con los demás. Puede mostrarse agradecido o desafiante, respetar las normas o incumplirlas, aceptar nuestra ayuda o rechazarla. Puede equivocarse, mentir, enfadarse, tener miedo, confiar o desconfiar. Reconocer su condición de menor y defender sus derechos no exige construir una imagen idealizada de él. Exige algo bastante más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil: reconocerlo como persona.

Ese es probablemente uno de los problemas del debate que estamos construyendo alrededor de Ceuta. Parece que debemos elegir entre reconocer las dificultades asociadas a una inmigración desordenada o defender la dignidad de quienes emigran, como si ambas posiciones fueran incompatibles. No lo son. Una política migratoria responsable necesita fronteras gestionadas, procedimientos legales, cooperación con los países de origen y tránsito y recursos suficientes para los territorios que reciben las llegadas. Pero necesita también respetar los derechos de quienes llegan y prestar una atención especialmente cuidadosa cuando estamos hablando de menores.

La política tiene no solo el derecho, sino la obligación de discutir sobre todo ello. Necesitamos debatir sobre control fronterizo, acogida, retornos, integración, financiación y distribución de responsabilidades entre administraciones. Lo preocupante comienza cuando dejamos de discutir sobre políticas migratorias y empezamos a utilizar la inmigración para construir identidades políticas. Entonces ya no resulta tan importante comprender qué está sucediendo como demostrar que el adversario es responsable de ello.

La polarización necesita simplificar. Necesita buenos y malos, culpables e inocentes, soluciones fáciles y frases que puedan repetirse sin demasiadas explicaciones. La inmigración proporciona además uno de los materiales más eficaces para conseguirlo: el miedo. El miedo a perder seguridad, recursos, oportunidades o identidad puede convertirse fácilmente en una herramienta política, especialmente cuando se acompaña de imágenes de personas intentando atravesar una frontera.

Pero existe también una simplificación en sentido contrario. Descalificar cualquier preocupación relacionada con la inmigración como una manifestación de xenofobia impide comprender lo que ocurre en las sociedades receptoras. Una comunidad que percibe que sus servicios están saturados o que los cambios se producen con demasiada rapidez puede experimentar preocupación sin que eso la convierta necesariamente en una sociedad intolerante. Ignorar esos temores no hace que desaparezcan. Con frecuencia consigue exactamente lo contrario: deja el espacio libre para que otros los interpreten, los amplifiquen y los conviertan en instrumentos políticos.

Una cuestión también socioeducativa

Existe una dimensión de esta crisis que puede quedar oculta detrás del debate fronterizo: la socioeducativa. Cuando hablamos de menores que llegan solos a nuestro país no estamos hablando únicamente de inmigración. Estamos hablando también de protección, educación, convivencia e inclusión. Estamos entrando, por tanto, en uno de los espacios propios de la Educación Social.

Quienes hemos trabajado en contextos de protección sabemos que la acogida no termina cuando se proporciona a un menor alimentación y un lugar donde dormir. Ese es solamente el comienzo. Después hay que conocer su situación, establecer vínculos educativos, favorecer su autonomía, acompañar su incorporación a una sociedad que en muchos casos desconoce, ayudarle a comprender unas normas y unas formas de convivencia diferentes y ofrecerle instrumentos que le permitan construir progresivamente su propio proyecto vital.

Nada de esto puede improvisarse. Tampoco puede resolverse únicamente creando más plazas cada vez que aparece una emergencia. Requiere profesionales, recursos, estabilidad y proyectos educativos capaces de mirar más allá de las primeras semanas de acogida. Cuando los sistemas trabajan permanentemente desde la urgencia, el acompañamiento corre el riesgo de convertirse en mera contención y las posibilidades educativas disminuyen precisamente cuando más necesarias resultan.

La Educación Social introduce además una perspectiva que considero fundamental: no trabaja únicamente con la persona, sino también con su contexto. Eso significa que la intervención no debería dirigirse exclusivamente hacia quienes llegan. También necesitamos trabajar con las comunidades que los reciben. La convivencia no surge espontáneamente por colocar en un mismo espacio a personas procedentes de realidades diferentes. Se construye, y esa construcción necesita conocimiento mutuo, mediación, participación comunitaria y espacios donde los conflictos puedan abordarse antes de convertirse en rechazo.

Escuchar las preocupaciones de una comunidad forma también parte de ese trabajo. Si una población percibe inseguridad, saturación de determinados servicios o dificultades de convivencia, responder simplemente que sus temores son injustificados puede resultar tan poco educativo como alimentar esos temores para obtener un beneficio político. Comprender no significa aceptar cualquier interpretación de la realidad, pero sí intentar descubrir qué existe detrás de ella.

Quizá ahí pueda aportar algo la mirada socioeducativa al debate público. Estamos acostumbrados a intervenir preguntándonos qué ocurre detrás de una conducta, qué contexto la explica y qué posibilidades existen para modificarla. Esa misma actitud podría ser útil cuando hablamos de inmigración. Antes de etiquetar a quien llega y antes también de descalificar a quien siente preocupación por su llegada, deberíamos intentar comprender.

La sostenibilidad también es social

Lo ocurrido en Ceuta plantea además otra cuestión que guarda una relación directa con el desarrollo sostenible. Durante demasiado tiempo hemos asociado la sostenibilidad casi exclusivamente con el medio ambiente, el cambio climático, la energía o la gestión de los recursos naturales. Todos ellos son elementos esenciales, pero una sociedad sostenible necesita también ser capaz de gestionar sus desigualdades, garantizar derechos, ofrecer oportunidades y construir formas de convivencia que permitan afrontar los conflictos sin convertir permanentemente al diferente en adversario.

Desde esta perspectiva, la inmigración está estrechamente relacionada con algunos de los grandes desafíos planteados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La reducción de las desigualdades, una educación inclusiva, la existencia de instituciones eficaces y la construcción de sociedades pacíficas no son principios abstractos alejados de lo que sucede en una frontera. Es precisamente allí, cuando los recursos resultan insuficientes y aparecen el miedo y el conflicto, donde esos principios demuestran hasta qué punto forman realmente parte de nuestras sociedades.

Una pregunta resulta entonces inevitable: ¿puede considerarse sostenible un sistema que responde a la inmigración fundamentalmente cuando se produce una emergencia?

Si cada incremento extraordinario de llegadas nos obliga a improvisar recursos, saturar centros, trasladar precipitadamente a menores y enfrentar a unas administraciones con otras, probablemente estemos ante algo más que un problema coyuntural. Estamos comprobando las limitaciones de unas estructuras que necesitan anticiparse a una realidad que lleva décadas formando parte de Europa y que previsiblemente continuará haciéndolo.

La sostenibilidad social exige planificación. Significa disponer de sistemas de acogida capaces de adaptarse, profesionales suficientemente preparados, mecanismos de coordinación entre territorios y políticas de integración que no comiencen cuando aparece el conflicto. Significa también trabajar sobre las causas que impulsan los movimientos migratorios y comprender que las enormes diferencias de oportunidades entre territorios separados por distancias relativamente pequeñas seguirán generando desplazamientos.

Las fronteras pueden regular esos movimientos, ordenarlos y establecer quién reúne las condiciones legales para permanecer en un territorio. Son necesarias. Pero ninguna frontera puede eliminar por sí sola las desigualdades que existen al otro lado.

Las personas detrás de la frontera

Hay una pregunta que aparece pocas veces cuando discutimos sobre inmigración: qué lleva a una persona, especialmente cuando es muy joven, a considerar razonable abandonar aquello que conoce para intentar alcanzar un lugar del que apenas posee una imagen construida mediante relatos ajenos, redes sociales o expectativas que quizá nunca lleguen a cumplirse.

No existe una única respuesta. Hay pobreza y falta de oportunidades, pero también expectativas económicas, redes familiares, presión social, conflictos y decisiones individuales. No todos quienes emigran huyen de una guerra ni todos se encuentran en una situación extrema. Convertir a cada inmigrante en una víctima sería también una manera de simplificar una realidad mucho más diversa.

Sin embargo, mi experiencia socioeducativa me ha enseñado algo que sigo considerando válido: detrás de una conducta existe casi siempre una historia que desconocemos. Comprender esa historia no significa justificar cualquier comportamiento. Significa disponer de más elementos antes de juzgar y, sobre todo, antes de intervenir.

Con los menores esa necesidad resulta todavía más evidente. Podemos y debemos discutir cómo se financia su atención, qué administración debe hacerse cargo de ellos, qué posibilidades existen de reunificación familiar y cuándo puede producirse un retorno conforme a la legislación. Pero antes de todas esas cuestiones existe una realidad jurídica y humana que no debería desaparecer: estamos hablando de menores que requieren protección.

Mientras el debate político discute sobre competencias y responsabilidades, los profesionales que trabajan directamente con ellos tienen que resolver cuestiones mucho menos ideológicas: dónde van a vivir, cómo van a aprender el idioma cuando sea necesario, qué formación podrán recibir, cómo se abordarán sus dificultades, qué expectativas podemos ofrecerles y cómo vamos a preparar su transición hacia una vida autónoma.

Ahí la inmigración deja de ser una abstracción.

Y comienza la Educación Social.

Después del ruido

No creo que la respuesta a fenómenos como el de Ceuta consista en pedir a la ciudadanía que no tenga miedo. El miedo no desaparece porque alguien nos diga que no deberíamos sentirlo. Se reduce cuando existen instituciones capaces de gestionar los problemas, información rigurosa y la percepción de que hay respuestas razonables para situaciones complejas. Cuando las instituciones fracasan en esa tarea, dejan un espacio extraordinariamente fértil para quienes convierten la incertidumbre en instrumento político.

Tampoco creo que podamos responder a la inmigración únicamente levantando barreras cada vez más difíciles de atravesar. Mientras existan enormes diferencias de oportunidades entre territorios próximos habrá personas dispuestas a intentar cruzar esa distancia. Una política responsable necesitará combinar control fronterizo, cooperación internacional, vías legales de migración, integración y políticas dirigidas a reducir las desigualdades que alimentan esos movimientos.

Nada de esto proporciona una consigna sencilla. Quizá por eso resulte poco atractivo para una política acostumbrada a comunicarse mediante mensajes cada vez más breves. Pero la realidad social rara vez cabe dentro de una consigna.

Ceuta necesita soluciones, recursos y coordinación. Sus ciudadanos tienen derecho a exigir que el resto del país comprenda la presión que supone vivir en una frontera especialmente compleja. España necesita una política migratoria capaz de combinar responsabilidad y humanidad, y Europa debería asumir que lo que sucede en sus fronteras meridionales no es exclusivamente un problema de los territorios que se encuentran allí.

La Educación Social puede aportar algo a esa respuesta porque trabaja precisamente en el espacio que existe entre las políticas y las personas. Puede acompañar procesos de inclusión, intervenir en los conflictos, favorecer la convivencia y recordar que una sociedad sostenible no se construye únicamente gestionando correctamente sus recursos, sino aprendiendo también a convivir con su propia diversidad.

Podemos defender nuestras fronteras sin convertir a quien intenta atravesarlas en enemigo. Podemos defender los derechos humanos sin negar los problemas que puede generar una inmigración desordenada. Podemos escuchar las preocupaciones de la población sin alimentar sus temores y podemos hablar de integración sin convertirla en una palabra vacía.

Sobre todo, podemos intentar no olvidar a las personas.

Dentro de algún tiempo Ceuta dejará de ocupar las portadas. Aparecerá otra crisis, otra discusión y probablemente otro motivo para dividirnos. Las cámaras se marcharán, muchas declaraciones políticas serán olvidadas y nosotros dirigiremos nuestra atención hacia otro lugar. Sin embargo, algunos de los muchachos que hoy aparecen convertidos en cifras seguirán viviendo entre nosotros. Estudiarán, trabajarán, encontrarán dificultades, establecerán relaciones, cometerán errores y tratarán de construir una vida.

Entonces ya no serán una crisis migratoria. Serán vecinos, compañeros, trabajadores o simplemente jóvenes que intentan encontrar su lugar.

Y quizá sea precisamente entonces, cuando desaparezca el ruido, cuando podamos comprender que detrás de todas aquellas cifras siempre hubo personas.